Es triste ver cómo los máximos dirigentes de la región, representantes de la ciudadanía (los eligieron en las urnas) se saltan los más básicos preceptos de humanismo, solidaridad y fraternalismo por un trozo efímero de poder. Es tenebroso desde el punto de vista social; y, al mismo tiempo, terriblemente absurdo e irresponsable desde el punto de vista demográfico y económico, en una región que se vacía y necesita empuje.
Lo que está claro es que las organizaciones sociales de la región, con sobrada experiencia en trabajos humanitarios, y la propia sociedad civil plantarán cara al denominado proyecto de Prioridad Nacional, nacido desde el racismo y la xenofobia de la ultraderecha española. En este sentido, Amnistía Internacional Castilla y León exige “protección efectiva para quienes sufren exclusión por su origen, situación administrativa o identidad, así como recursos especializados accesibles para las víctimas de violencia sexual, garantizando el funcionamiento adecuado a los centros de crisis 24/7”.
La organización reclama también que “la acogida de la infancia que llega en solitario se base en el interés superior de cada niño y niña y que los jóvenes extutelados accedan a documentación, formación y oportunidades reales de integración sociolaboral”. Urgen a las instituciones de Castilla y León, en definitiva, “a defender los derechos humanos y a actuar con firmeza frente a la normalización del racismo y los discursos del odio”.
Justo antes de las últimas elecciones autonómicas, anticipando lo que se avecinaba, Social24Horas, de la mano de dos firmas autorizadas en la materia como Diego Cebas, responsable provincial de ACCEM Valladolid, y Javier Moreno Miguel, secretario de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras en Castilla y León, explicaba a sus lectoras y lectores el actual proceso de regulación de inmigrantes que tanto revuelo ha levantado.
“Ojalá tuviéramos una política migratoria que favoreciera realmente que la gente pueda venir a España sin jugarse la vida y obtener una posibilidad legal de tener un documento que le reconozca derechos sin tener que estar años en la clandestinidad”, escribía Diego cebas. “Ojalá más visados humanitarios, ojalá más visados de búsqueda de trabajo, ojalá un proceso de asilo garantista y ágil, ojalá oficinas de extranjería con dotaciones suficientes para hacer su trabajo”.
Por su parte, Javier Moreno Miguel señalaba que “en Castilla y León, cuyo mayor problema continúa siendo la despoblación, la población nacida en el extranjero representa el 11,6 %, lo que supone una clara modificación de nuestra pirámide poblacional: ganamos habitantes gracias a la migración”. El representante de CCOO añadía que “la integración social es un reto al que nos enfrentamos la población castellana y leonesa, pero sobre todo un reto al que se enfrentan las administraciones públicas, desde donde hay que fomentar que la integración se realice con derechos y no al margen de la ley”.
Faltan buenos gestores en la región. Gestores que solventen las situaciones que se van presentando y que no creen problemas donde no los hay (normalmente a base de bulos), para luego vender soluciones mágicas. No más discursos de odio en Castilla y León: la prioridad debería ser humana, solidaria y fraternal.
