Desde que el Gobierno de España anunció el proceso de regularización de personas migrantes, con el que se pretende sacar de la irregularidad administrativa a entre 500.000 y 800.000 personas que ya viven, y en muchos de los casos, trabajan en nuestro país, no han dejado de surgir voces que critican esta medida como si del anuncio del apocalipsis se tratara, como el corolario de todos los males, presentes y futuros.
Las voces (con escaño parlamentario o sin él) que critican la medida desde el puro racismo, con argumentos conspiranoicos como la teoría del “gran remplazo”, o similares, se definen por sí mismas, y tratar de rebatirlas probablemente sería una pérdida de tiempo. Dejo este punto a políticos o filósofos, con mayor poder de persuasión que un servidor.
Sin embargo, como viene ocurriendo en otros debates públicos, no han faltado voces que hablan de la medida desde un rol de pretendidos (y a veces meramente autodenominados) “expertos”. Es curioso este punto.
Casualmente, o quizás no, es una denominación que se está usando en este ámbito para aquellas personas que plantean una visión crítica de la medida. No en balde, si estás a favor de la misma, probablemente la denominación que mejor te defina sea la de “activista”, es decir, una persona movida, quizás, por un buenismo ingenuo, sin duda bienintencionado, pero totalmente alejado de un conocimiento “técnico y objetivo” de la realidad.
Así, en las últimas semanas no es infrecuente encontrarse en múltiples medios de comunicación con una pléyade de “expertos”, quienes, desde su inalcanzable altar de experticia, divulgan cómo esta medida incentiva el temido “efecto llamada”, alertan de la “brecha de seguridad” que supone, o, incluso, especulan sobre cómo favorece a las redes de trata de seres humanos y de explotación laboral, sexual, etc.
Estos greatest hits argumentales de los “expertos” (recordemos: siempre técnicos, nunca ideológicos, ¿verdad?), son en realidad francamente fáciles de rebatir.
No, con esta medida no se incentiva un “efecto llamada”, porque no hay ningún dato que avale que esto haya pasado en cualquiera de los anteriores ocho procesos de regularización que hemos llevado a cabo en nuestra historia democrática. Pero, sobre todo, no se incentiva un “efecto llamada” porque las migraciones, ayer hoy y siempre, están relacionadas fundamentalmente con la situación del país de origen, y otra cosa no, pero de países de origen en condiciones deplorables tenemos los telediarios repletos. ¿De verdad alguien piensa que la gente deja su casa, su familia, a veces jugándose la vida, por mucha tarjeta de plástico que les demos?
Sabiendo que el “efecto llamada” es un mito usado interesadamente que no soporta la más básica argumentación, pero imaginando que de alguna manera lo hubiera, a veces, por mera provocación, me pregunto: ¿qué tendría de malo? ¿por qué no sentir orgullo de ser un país donde la gente no solo quiere vivir por nuestros soles y nuestras playas, sino también por nuestros estándares de derechos, por nuestra capacidad de integración, por nuestra hospitalidad? ¿De verdad preferimos tener a las personas sin derechos para lanzar un supuesto aviso a aquellas que se planteen o que necesiten venir?
Por otro lado, no, dar un permiso de residencia y trabajo no supone una brecha de seguridad. No voy a entrar en este punto a rebatir todos los bulos sobre los migrantes como delincuentes, y simplemente recordaré que prácticamente el único requisito que se va a pedir a estas personas es acreditar la no tenencia de antecedentes penales, ni en España ni en su país de origen y países de anterior residencia. Este punto siempre suele olvidarse por parte de los “expertos”.
Pero una vez más, solo por provocar, y puesto que hablamos de personas, insisto, que ya están viviendo en España, sean o no delincuentes, ¿de verdad no nos parece una buena idea que estas personas se pasen por la policía para tomarse unas huellas y hacerse unas fotos a cambio de una tarjeta de plástico? ¿no será mejor, aunque solo sea desde un enfoque puramente de seguridad, saber quiénes son, dónde viven, de qué manera se ganan la vida?
Y, por último, no, las redes de trata no se lucran de las regularizaciones, sino precisamente de la ausencia de derechos, de la invisibilización de las personas, de que estas tengan que recurrir al mismo diablo cuando nadie más les abre la puerta. Reconocer derechos nunca favorece a los delincuentes, cuyo negociado reside precisamente en que las personas sean vulnerables.
El argumento esgrimido por estos “expertos” recuerda mucho a cuando se acusa a las organizaciones sociales, o a los defensores de derechos humanos (activistas, les llamarán), de favorecer a las redes de tráfico de personas por impedir que la gente muera en su trayecto migratorio, o por favorecer que tengan una mínima acogida cuando llegan a un país seguro. Perogrullada del día: el negocio de las redes que trafican con seres humanos se basa precisamente en las leyes que impiden migrar de manera legal y segura. No en otra cosa.
Lejos de mi intención pretender con este texto postularme para obtener ese carné de “experto”, mucho menos si supone formar parte de un club de personas que se parapetan en esa palabra para generar rechazo a una medida que objetivamente mejora los derechos en nuestro país. Aunque aventuro que por motivos bien distintos, hay una frase que creo que podría llegar a compartir con estas personas, y es que ojalá no hiciera falta esta medida.
Efectivamente, ojalá tuviéramos una política migratoria que favoreciera realmente que la gente pueda venir a España sin jugarse la vida y obtener una posibilidad legal de tener un documento que le reconozca derechos sin tener que estar años en la clandestinidad. Ojalá más visados humanitarios, ojalá más visados de búsqueda de trabajo, ojalá un proceso de asilo garantista y ágil, ojalá oficinas de extranjería con dotaciones suficientes para hacer su trabajo. En definitiva, ojalá no hiciera falta una regularización extraordinaria de personas migrantes para tener que paliar una triste realidad que es incuestionable: sin papeles no hay derechos.
Las personas que se vayan a acoger a esta medida no habrán caído del cielo, sino que son el resultado de lo que viene negro sobre blanco en nuestras leyes y se materializa, no siempre de la mejor manera, en oficinas de extranjería, comisarías de policía, embajadas, etc. Sin duda, la política migratoria se puede plantear de otro modo, y ojalá se hiciera a partir de ahora, porque esta alegría momentánea no compensa otros 21 años (los que han pasado desde el último proceso de estas características, allá por el 2005) de un sistema que deja a cientos de miles de personas debajo de la alfombra de nuestra sociedad.
Aun así, nunca es tarde si la dicha es buena, y por ende el anuncio de la regularización extraordinaria de personas migrantes es una magnífica noticia, no solo para cientos de miles de nuestros vecinos y vecinas que se verán beneficiadas, sino también para quienes creemos en la dignidad de todo ser humano y queremos que nuestro país sea un ejemplo de tolerancia, inclusión, y derechos. Con menos falsa experticia y más humanidad.
Diego Cebas. Responsable provincial de ACCEM Valladolid. Abogado especializado en derechos humanos.
