El nuevo proceso extraordinario de regularización que iniciará su andadura en abril supondrá acabar con las situaciones de irregularidad administrativa de entre 25.000 y 30.000 personas migrantes en Castilla y León, según el dato facilitado por CCOO recientemente.
La migración está estrechamente ligada a fenómenos laborales. La mayoría de las personas migrantes que deja su país, su entorno, familia, amistades, costumbres, hábitos, cultura, en algunas ocasiones el idioma (en definitiva, el estado de confort), lo hace en busca de un trabajo que le permita construir un proyecto de vida. El objetivo de cualquier persona trabajadora es encontrar un empleo estable, bien remunerado, con buenas condiciones laborales y sociales. Vamos, lo que es tener un empleo de calidad.
Si nos centramos en nuestra Comunidad Autónoma y la realidad de nuestro mercado de trabajo, vemos que cada vez se hace más patente la necesidad de las personas extranjeras para cubrir las tan demandadas vacantes que tienen muchas de las empresas de nuestra tierra. Cada vez son más las empresas que reconocen el peso que tiene la contratación de personas migrantes como solución a su subsistencia o, incluso, para salvar algunos de los sectores de actividad más importantes.
En enero de 2026, los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sitúa a la población trabajadora extranjera en el 9,8 % del total de afiliación a la Seguridad Social en nuestra Comunidad. Este dato sería mayor si tuviéramos en cuenta que hay un número considerable de población inmigrante de origen latinoamericano con nacionalidad española que no aparece en las encuestas.
A pesar de ello, y siendo conscientes de la necesidad de un proceso de regularización, son todavía pocas las personas empresarias que públicamente se posicionan a favor del proceso extraordinario que, en la práctica, supone confrontar directamente con el discurso del odio mantenido por la derecha y la extrema derecha, que criminaliza y deshumaniza a las personas migrantes.
A nadie se nos escapa que el apellido extranjero o extranjera es, de manera injusta, sinónimo de precariedad laboral reflejada en salarios bajos, alta temporalidad, horas extras no cobradas o parcialidad no deseada. En definitiva: malas condiciones laborales. Si además añadimos no encontrarse en situación regular, el abuso empresarial está garantizado, porque una persona sin papeles es una persona vulnerable y fácilmente explotable. La nueva normativa que recogerá el Real Decreto facilitará que estas personas vulnerables tengan la posibilidad de formalizar un contrato de trabajo que les abra la puerta a derechos laborales y sociales y que rompan con el abuso empresarial y la economía sumergida.
En Castilla y León, cuyo mayor problema continúa siendo la despoblación, la población nacida en el extranjero representa el 11,6 % según el dato recogido en un reciente estudio del CES regional, lo que supone una clara modificación de nuestra pirámide poblacional: ganamos habitantes gracias a la migración. La integración social es un reto al que nos enfrentamos la población castellana y leonesa, pero sobre todo un reto al que se enfrentan las administraciones públicas, desde donde hay que fomentar que la integración se realice con derechos y no al margen de la ley.
El aumento de la población tiene que conllevar inevitablemente un reforzamiento de los servicios públicos en la misma proporción en la que crece la población. La Junta de Castilla y León tiene la mayoría de las competencias de estos servicios públicos. Si no disminuimos las colas de la sanidad y los tiempos de espera, si no mejoramos los servicios sociales, las prestaciones públicas, acceso a las guarderías, becas y ayudas a los estudios, son inevitables los conflictos y el señalamiento de las personas extranjeras por parte de la población autóctona como las culpables del empeoramiento de sus vidas, cuando lo normal sería culpar a las administraciones públicas por su mala gestión.
Estos argumentos son utilizados por el discurso de odio que está fomentando el caos, se está beneficiando en las urnas y está aumentando su apoyo en la calle porque está calando en la sociedad: la culpa de todo lo malo que nos ocurre es de las personas migrantes.
Por lo tanto, el desafío que se nos plantea de cara al futuro, más allá de caer en el utilitarismo demográfico, del rejuvenecimiento de una población envejecida o el mantenimiento del estado de bienestar es una cuestión de justicia social. Toda la población de nuestra Comunidad Autónoma debería contar con los mismos derechos y oportunidades, independientemente de su lugar de nacimiento.
A las puertas de las elecciones autonómicas, este artículo de opinión apela al acto de responsabilidad que significa para la ciudadanía depositar un voto en la urna, apostando por opciones que defienden una política migratoria integradora y que esta no dependa de partidos políticos que abanderan discursos xenófobos y racistas que lo que persiguen es enfrentar a la sociedad criminalizando y deshumanizando a las personas migrantes. La migración tiene que ser legal, ordenada, segura, eficaz y con derechos.
Javier Moreno Miguel. Secretario de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras en Castilla y León.
