Unos cuantos barrios de Valladolid continúan en estado de shock por el bloqueo del proyecto de integración ferroviaria que tanto había costado levantar y que traía esperanza a la ciudad desde el acuerdo de 2017. El Ayuntamiento de Valladolid decidió paralizar la construcción de los pasos previstos y con proyecto ya realizado, a cambio de insistir en la utópica e inviable económicamente idea del soterramiento, vieja y manoseada promesa electoral.
Desde la Plataforma por la Integración Ferroviaria, surgida de la comunidad virtual Aldea Pucela, siempre han preferido, ante “la locura de enterrar las vías”, optar por la única solución que se puede pagar, “una solución con los pies en la tierra: eliminar la cicatriz que parte la ciudad con nuevos pasos, túneles y pasarelas”.
La Plataforma avanza a día de hoy en varias líneas de trabajo: “Por un lado, continuamos nuestra campaña de quejas al sistema oficial del Ayuntamiento, para que el alcalde cambie su postura”, cuentan a Social24Horas. También han iniciado campañas de información online a los vecinos, con un vídeo sencillo explicando la situación.
Esta labor se va a complementar con sesiones informativas presenciales en los barrios, además de con contenidos periódicos en un boletín informativo por email que ya cuenta con cientos de vecinos suscritos. Además, la Plataforma por la Integración ha anunciado próximas acciones legales contra el bloqueo de los pasos de Ariza, y los barrios de Ciudad de la Comunicación y La Farola.
Respecto a este último punto, y colocando el cerco en el incumplimiento del acuerdo de 2017, con obras ya en marcha, la Plataforma por la Integración Ferroviaria anuncia que diversos colectivos y asociaciones están ultimando una querella criminal por un presunto delito de administración desleal. Se acusa a los responsables políticos de gestionar mal el dinero de todos a propósito, sabiendo que estaban causando un perjuicio económico a la ciudad.
“La base de esta querella es muy concreta: el despilfarro”, señalan desde la Plataforma. “Se gastó casi un millón de euros en diseñar los proyectos, como los de los pasos de Ariza; y, ahora, al cancelarlos porque sí, de forma arbitraria, ese dinero básicamente se ha tirado a la basura”.
Los colectivos promotores de esta acción legal recalcan que la iniciativa nace y se dirige desde la ciudadanía organizada, manteniendo un perfil estrictamente cívico y no partidista: “Valladolid no puede seguir siendo rehén de decisiones políticas que bloquean soluciones técnicas viables y necesarias. Hemos decidido dar este paso para defender el interés general y el futuro de la ciudad”.
V.D.L.
