Buenas sensaciones de los 4 de Pucela tras el juicio celebrado esta mañana en Valladolid por su implicación en las acciones de protesta contra el genocidio sobre la población palestina que tuvieron lugar durante la etapa contrarreloj de La Vuelta Ciclista a España de 2005, con motivo de la presencia del equipo Israel-Premier Tech. A la puerta de los juzgados de la calle Angustias, una concurrida concentración de manifestantes les dio el último ánimo antes de la vista.
A la salida de la sesión, el abogado defensor de los cuatro activistas, Erlantz Ibarrondo, explicaba los pormenores de la mañana: “Al final lo que se va a juzgar es si se criminaliza el derecho a la protesta o no; si protestar es legítimo o si las instituciones del Estado consideran que protestar es constitutivo de delito”.
Con toda la dignidad posible, aseguraba Ibarrondo, “los acusados le han dicho a su señoría que pase lo que pase ellos van a asumir la pena”. Tendrán que ser las instituciones del Estado, remarcaba el abogado defensor, “las que asuman que por protestar contra un genocidio, en una supuesta democracia avanzada de Europa que va dando lecciones al resto del mundo, unas personas van a entrar en la cárcel”
Lo más interesante de la sesión, según Ibarrondo, ha sido que el fiscal ha rebajado la petición a un año, “creo que pensando en que si bajaban la pena, en caso de ser condenados no superarían los 24 meses de prisión; pero aquí pinchan en hueso porque las personas que están aquí no van a pedir la suspensión de la pena: lo que le voy a decir a usted es que si usted considera que esto es constitutivo de un año de prisión, me tendrá que enviar un año a la cárcel, y a ver cómo sostiene esto el Gobierno progresista que nos decía que compartía todas las movilizaciones”.
Asimismo, la vista ha dejado claro también que diferentes agentes de cuerpos policiales reconocen que hacen un seguimiento prejudicial a personas, con fotografías y datos, simplemente por activismo social. El caso, ahora, está a la espera de sentencia.
