El conflicto laboral en la fundición Saeta Die Casting (grupo Philips) es de los que más ha dado de hablar en los últimos meses en Castilla y León. Tras la huelga indefinida del pasado verano (incumplimientos de la empresa afectaban a la integridad física, salud mental y derechos laborales de la plantilla, que exigía el reconocimiento oficial de la penosidad), diez trabajadores fueron despedidos a final de año.
Saeta, con este movimiento, olvidaba su palabra de no tomar represalias contra los huelguistas, compromiso presentado cuando, poniendo fin al paro, asumía el trabajo penoso que se realiza en el área de producción de sus instalaciones del polígono de San Cristóbal.
Durante el tramo final de diciembre, la clase trabajadora vallisoletana mostró su apoyo a Los 10 de Saeta, incluyendo concentraciones promovidas por la Confederación General del Trabajo (CGT) a las puertas de la factoría. Todos los despedidos están afiliados a este sindicato.
Ante la reclamación de Los 10 de Saeta, y con el asunto en manos del Servicio Regional de Relaciones Laborales -SERLA- (aparato mediador creado para encontrar soluciones conciliadoras entre patronal y sindicatos y resolver conflictos colectivos, antes de llegar a juicio) la empresa incluyó a todos en un pack: o todos la reincorporación, o todos la improcedencia. En este punto, la gerencia ya reconocía esta improcedencia y ofrecía una cantidad compensatoria.
“Reconociendo la improcedencia estás reconociendo que tú estás echando a diez personas por una cuestión represiva”, comentan a Social24Horas fuentes de la CGT: “No se entiende de otra manera: las cartas de despedido eran todas un copia y pega”. Tal y como publicaba el sindicato en un comunicado hace unos días: “La empresa se ha visto obligada a ceder a las demandas de los diez despedidos y ha llegado a un acuerdo para evitar un juicio que tenía perdido”.
Por supuesto, la aceptación o no de los acuerdos siempre depende de los trabajadores despedidos y del punto en el que se encuentren: unos estaban estudiando, otros ya estaban trabajando en otro sitio, cada cual lo llevaba como buenamente podía. Entre los diez sumaban 120 años de antigüedad. Entre los diez recibirán 320.000 € en indemnizaciones. Extraño para una empresa que alegaba que los despidos tuvieron lugar porque la carga de trabajo había decrecido y se venían vacas flacas.
Esta victoria puede que no sea total pero es lo máximo aceptable que los trabajadores aspiraban a conseguir. En un juicio (siempre arriesgado y costoso a varios niveles) se podría haber llegado hasta el final y conseguido la nulidad de los despidos, sin embargo, el escenario actual obligaba a posicionarse de otra forma.
La importancia de la caja de resistencia
Al final, la necesidad de ingresos económicos es lo que muchas veces, por desgracia, marca las decisiones de los trabajadores en este tipo de conflictos. Para cualquier miembro de la clase trabajadora, un proceso de esta naturaleza se hace muy cuesta arriba, tanto física como psicológicamente, por eso en el caso Saeta ha vuelto a ser fundamental una tradicional iniciativa de la CGT: la caja de resistencia.
Esta vez el sindicato se quedó solo frente de la propuesta (ningún otro apoyó): una cuenta bancaria solidaria como mecanismo para paliar las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores en huelga en mitad de un proceso que siempre es delicado y puede llegar a convertirse en traumático.
Desde la CGT poner en valor la caja de resistencia y recalcan su vigencia y validez para ganar conflictos. “Gracias a la caja”, admiten, “se pudo aguantar un poco más”.
