La provincia de Valladolid se ha convertido en el epicentro de una creciente contestación social frente a la proliferación de proyectos de plantas de biometano. Con casi una cuarta parte de las infraestructuras de este tipo pendientes de trámite en toda Castilla y León concentradas en territorio vallisoletano, la movilización vecinal ha dado un paso definitivo hacia su institucionalización. Bajo la directriz de nacer “desde y para nuestros pueblos”, se ha presentado formalmente la Asociación Provincial Valladolid Stop Biogás, una entidad que busca ser la alternativa de base social y rural frente a lo que denominan pactos de despacho.
Una realidad jurídica contra las macroplantas.
La nueva asociación no surge como una plataforma espontánea, sino como una entidad plenamente constituida y legalizada con acta fundacional del pasado 22 de junio. Su legitimidad se asienta sobre el aval de más de 700 firmas de vecinos promotores, estatutos registrados y una estructura democrática que incluye vocalías de municipios ya representados como La Cistérniga, Tudela de Duero, Laguna de Duero y Pedrajas de San Esteban.
Desde la dirección de Stop Biogás se subraya que su modelo se basa en la “conciencia vecinal”, marcando distancias con las denominadas “plataformas oficiales” que, según denuncian, han sido creadas a medida por algunos consistorios para fabricar interlocutores controlados. “Nuestra entidad es una realidad jurídica incontestable”, afirman en su manifiesto, destacando que su lucha se financia mediante una cuota simbólica de tan solo 1 euro para garantizar que la voz de los afectados no sea “patrimonializada ni mercantilizada” por intereses ajenos.
El mapa del conflicto: de Herrera a Pedrajas
El malestar se extiende por toda la geografía provincial, tal y como muestran los registros de proyectos autorizados o en fase de tramitación en localidades como Mayorga, Medina de Rioseco, Olmedo o Ataquines. Sin embargo, la tensión ha alcanzado sus cuotas más altas en puntos específicos:
• Herrera de Duero y La Corala: Los vecinos se rebelan contra la planta prevista junto a la Granja Conchita, en el término de La Cistérniga. Denuncian que las instalaciones se situarán a menos de 400 metros de las viviendas y prácticamente colindantes con el río Duero. La plataforma local, integrada ahora en la estructura provincial, alerta sobre emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y malos olores que supondrán “problemas muy graves para la salud”.
• Pedrajas de San Esteban, Alcazarén y Megeces: Estos tres ayuntamientos han unido fuerzas para presentar alegaciones conjuntas contra una macroplanta diseñada para tratar 150.000 toneladas de residuos anuales. El rechazo institucional se suma a la movilización de la asociación Pedrajas Viva, que considera el proyecto “sobredimensionado” y un riesgo para los acuíferos de la zona.
Defensa del mundo rural
La Asociación Provincial Stop Biogás sostiene que la implantación incontrolada de estas plantas no es un fallo técnico aislado, sino la consecuencia de un modelo de explotación intensiva el cual se aprovecha de la denominada España vaciada en lugar de favorecer el desarrollo rural real. El colectivo exige que los ayuntamientos activen sus propios servicios jurídicos para defender las competencias municipales en lugar de delegarlas en acuerdos privados.
Con la vía legal ya iniciada a través de diversos recursos y una presión social que no deja de crecer en las calles, Stop Biogás se postula como el único interlocutor legítimo que habla por sí mismo a través de sus asociaciones vecinales, rechazando cualquier intento de los ayuntamientos de frenar la beligerancia jurídica contra las macroplantas.
