El río Pisuerga respira, de momento, un poco más tranquilo: el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha decidido retirar del orden del día de su última reunión la modificación de la autorización ambiental del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) para la ampliación de su capacidad en 125.000 metros cúbicos, adicionales al millón de metros cúbicos ya autorizados.
Ante la próxima colmatación de dicho vertedero, su ampliación ha sido solicitada por la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser. Este aumento de capacidad no está amparado por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental vigente del vertedero, y por lo tanto tampoco por la declaración de Proyecto Regional realizada por la Junta en el año 2015.
A petición del vocal de las organizaciones no gubernamentales de medio ambiente, respaldada por otros miembros del Consejo, la ampliación del vertedero se ha retirado de los temas de conversación a fin de recabar un informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sobre los efectos del informe urbanístico negativo emitido en junio de 2024 por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga.
Dicho informe concluía que “la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables”, al prohibirlo expresamente el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Según la legislación estatal de prevención de la contaminación, el informe urbanístico es vinculante y determina el archivo de las actuaciones, eludido hasta ahora por la Consejería.
La Coordinadora Anti-Vertedero de Valladolid está formada por las entidades Ecologistas en Acción de Valladolid, FACUA Castilla y León – Consumidores en Acción, Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid e Izquierda Unida de Valladolid. Ecologistas en Acción denuncia el inaceptable trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Cetransa y al grupo Urbaser, que ya se beneficiaron en 2002 de una ley “ad hoc” declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales.
Según la entidad ecologista, “se trata de un comportamiento que incrementa además el riesgo de contaminación del río Pisuerga por la fuga de sustancias tóxicas desde el vertedero, aguas arriba de la ciudad de Valladolid”.
En este contexto, Ecologistas en Acción recuerda la necesidad de sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado hace más de una década, tras la sentencia judicial que anuló en marzo de 2024 el intento de la Junta de revisarlo “por la puerta de atrás” para consolidar el papel de Castilla y León como sumidero de los residuos industriales peligrosos de toda España, promoviendo el vertido y la incineración de estos desechos.
El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) inició su funcionamiento en junio de 1993, y desde sus inicios ha acumulado numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero, la acumulación de agua en su interior, el asentamiento de la presa de cierre y un incendio. Actualmente almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, en un tercio procedentes de fuera de Castilla y León.
