MDV26.- El Ateneo Republicano de Valladolid acogió esta semana (6 de abril) una mesa redonda organizada en torno al derecho a la vivienda, un debate que reunió a representantes políticos municipales, expertos y movimientos sociales para analizar una problemática que, según se subrayó desde el inicio, se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas.
La moderadora del encuentro, Margarita García, presidenta de la Federación de Vecinos Antonio Machado, abrió la sesión destacando la intensidad de las subidas de precios y el creciente peso del problema en la agenda social. En la mesa participaron Pedro Herrero, concejal del PSOE; Cristina Colino, concejala de VTLP; José Luis Sainz Guerra, de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible; y Juan Manuel Martín, en representación del MDV26 (Manifiesto por el Derecho a la Vivienda 26), plataforma que aglutina a organizaciones y personas que tienen como objetivo impulsar un nuevo marco político, jurídico y económico que garantice efectivamente el derecho a la vivienda como bien esencial y sirva de base para acuerdos sociales amplios. En la presentación de la mesa se aclaró que se había invitado a Ignacio Zarandona, concejal del PP, pero que este había excusado su asistencia “por un compromiso personal ineludible”.
Durante el debate se compartió un diagnóstico común: la vivienda ha pasado progresivamente de ser un bien de uso a convertirse en un activo de inversión. Pedro Herrero coincidió en calificar la situación como “insostenible” y puso el foco en el número de viviendas sin ocupación en Valladolid, que, según distintas estimaciones, podrían ser miles. Destacó el efecto de boicot político que se está sufriendo en la actualidad, ya que la actual corporación de Valladolid y la Junta de Castilla y León se niegan a aplicar la Ley de la Vivienda que aprobó el Gobierno Central en 2023. A su juicio, la intervención pública y el desarrollo efectivo del artículo 47 de la Constitución son claves para abordar el problema, junto con políticas de compra de vivienda para ampliar el parque público y facilitar el acceso a quienes lo necesitan.
Cristina Colino analizó los últimos periodos históricos, recordando que el modelo actual se ha construido tras décadas de políticas que priorizaron la propiedad privada, la liberalización del suelo, el abandono de las políticas sociales y la entrada de capital financiero en el sector inmobiliario, especialmente tras la crisis de 2008. Este proceso, explicó, ha derivado en una fractura generacional y en la dificultad creciente de acceso para jóvenes y familias.
José Luis Sainz Guerra situó el origen del problema en la retirada progresiva de las administraciones públicas y en la liberalización del mercado durante las décadas anteriores a la crisis financiera. Recordó que la burbuja inmobiliaria y el posterior rescate bancario favorecieron la entrada de grandes fondos de inversión, configurando un mercado más orientado a la rentabilidad que a la función social de la vivienda. Aun así, defendió la necesidad de inversión —pública y privada—, pero con una regulación que garantice el interés general.
Juan Manuel Martín incidió en que la vivienda, como bien esencial, no responde a las reglas clásicas del mercado y señaló dos factores estructurales: el peso del suelo en el precio final —que puede alcanzar hasta la mitad del coste de la vivienda— y las barreras financieras que impiden a muchos ciudadanos acceder a crédito, especialmente a los jóvenes. También cuestionó la fiabilidad de algunos datos del mercado y subrayó la necesidad de políticas basadas en información rigurosa.
En la parte final del debate se abordaron posibles soluciones. Entre ellas, la ampliación del parque público, la movilización de vivienda vacía, la colaboración público-privada y la aplicación efectiva de la legislación vigente. Desde la perspectiva del MDV26 se resumieron cuatro líneas principales: garantizar que el suelo público permanezca siempre público, destinar recursos a quienes no pueden acceder a la vivienda, implicar al sistema financiero en la solución y avanzar hacia un parque público y social cercano al 20 %.
El turno de preguntas del público amplió el foco hacia cuestiones como la infravivienda, el hacinamiento, el precio de la vivienda protegida o la falta de desarrollo de suelos previstos desde hace décadas. Varias intervenciones destacaron el hecho de que el Ayuntamiento de Valladolid mantiene 95 viviendas vacías de las viviendas sociales municipales, desaprovechando su utilidad, en un momento de máxima necesidad de parte de la población. Las intervenciones coincidieron en señalar que el problema es esencialmente político, por la falta de voluntad política en invertir en vivienda desde el sector público. También se destacó el problema económico, social y urbano, con efectos sobre la cohesión de la ciudad.
La mesa concluyó con una idea compartida: el acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío estructural que requiere voluntad política, coordinación institucional y un cambio de enfoque que vuelva a situar la vivienda como un derecho básico y no únicamente como un activo de inversión.
