En febrero se aplazó la mala noticia, pero ahora se ha confirmado. Los votos en contra de los vocales de las organizaciones ambientales y sindicales, el Colegio de Ingenieros Industriales y la Administración General del Estado no han frenado al Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León: ha aprobado la modificación de la autorización ambiental del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga, para ampliar su capacidad en 125.000 metros cúbicos adicionales al millón de metros cúbicos actual.
Dicha ampliación había sido solicitada por la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser, al no estar amparada por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental vigente del vertedero, y por lo tanto tampoco por la declaración de Proyecto Regional realizada por la Junta en el año 2015.
Sucede que el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga emitió en junio de 2024 un informe urbanístico negativo, concluyendo que «la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables», al prohibir expresamente el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa. Dicho informe es vinculante y determina el archivo de las actuaciones, según la legislación estatal y autonómica de prevención de la contaminación.
Así lo confirmó la Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica de la propia Consejería de Medio Ambiente, en su dictamen de 17 de marzo de 2026, al concluir que «si el informe es negativo, y se recibe antes de otorgar la autorización ambiental, el órgano competente para otorgar la misma ha de dictar resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivando las actuaciones».
Por todo ello, Ecologistas en Acción pide al nuevo Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, y a la nueva Consejería de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que no dicten la Orden por la que se modifica la autorización ambiental de Cetransa, único trámite pendiente para la ampliación del vertedero tras el acuerdo de hoy del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
En el caso de que no se atienda esta petición, la organización ambiental recurrirá de inmediato ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la arbitraria decisión y solicitará su suspensión cautelar, por obviar el informe urbanístico negativo del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, estudiando las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir tanto el Consejero como los vocales del Consejo que han aprobado la ampliación, por un presunto delito de prevaricación.
Ecologistas en Acción denuncia el inaceptable trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Cetransa y el grupo Urbaser, que ya se beneficiaron en 2001 de una ley «ad hoc» declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales. Se trata de un comportamiento que incrementa además la amenaza sobre el río Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.
El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) inició su funcionamiento en junio de 1993, y desde sus inicios ha acumulado numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero, la acumulación de agua en su interior, el asentamiento del caballón de cierre de los residuos e incluso un incendio. Actualmente almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, en su tercera parte procedentes de fuera de Castilla y León.
