El 30 de junio de 2026 no es una fecha cualquiera. Para miles de personas que llevan años trabajando, pagando impuestos y echando raíces en España, es el límite de un proceso (el de la Regularización Extraordinaria para Personas Migrantes) que no se repetirá en mucho tiempo, si es que se repite.
En Castilla y León, los Centros de Información a Trabajadoras y Trabajadores Extranjeros (CITE) de Comisiones Obreras llevan meses con la agenda llena, ahora también con oficinas en localidades como Ponferrada, Medina del Campo, Aranda de Duero o Cuéllar.
Social24Horas habla con Cristina de la Torre Sanz, coordinadora de los CITE en Castilla y León, sobre plazos, miedos, y derechos que existen aunque nadie te los haya contado todavía.
PREGUNTA. ¿Qué ha supuesto para el sindicato y para la población migrante la reapertura este año de los CITE en todas las provincias de Castilla y León?
RESPUESTA. Sobre todo una oportunidad para poder atender demandas específicas de una parte de la población trabajadora. Los Centros de Información a personas Trabajadoras Migrantes somos un “puente” entre la ciudadanía migrante y sus derechos. Las personas extranjeras tienen muchas trabas: por el desconocimiento de las instituciones, por la obligación de relacionarse a través de sedes digitales para muchos trámites, por la dificultad (imposibilidad incluso) de conseguir citas en algunos organismos, por el desconocimiento de las normas. A veces no saben ni dónde ir a preguntar. Aquí somos una especie de brújula en materias muy diferentes: extranjería, búsqueda de empleo, educación, nacionalidad, asociacionismo, alfabetización digital, certificados electrónicos o aprendizaje del castellano.
P. Con la fecha límite del 30 de junio de 2026 para las solicitudes de arraigo extraordinario, ¿cómo se han reforzado los servicios de los CITE para atender la demanda de información técnica?
R. Comisiones Obreras a nivel confederal decidió ser Entidad Colaboradora en materia de extranjería. No solo en este proceso temporal sino también en el futuro con cualquier otra solicitud. Desde febrero hemos organizado más de 25 asambleas informativas, asesorado a unas 1.000 personas y tramitado unos 600 expedientes en toda Castilla y León. Todavía queda medio mes, pero vemos que casi todo el mundo ha podido solicitarlo ya. Ahora estamos empezando la siguiente fase y convocando talleres informativos sobre qué pasos seguir tras la “admisión a trámite” y cómo acceder a sectores laborales con alta demanda de mano de obra.
P. Los servicios de los CITE son totalmente gratuitos para el usuario. ¿De qué manera la colaboración con la Junta de Castilla y León permite sostener este asesoramiento especializado en derechos sociales y laborales?
R. Los CITE somo una de las entidades sin ánimo de lucro que formamos parte de la Red de la Junta de Atención a personas Inmigrantes-RAPICYL. La Junta establece distintos mecanismos de colaboración con nosotras porque ejecutamos una parte de sus competencias en materia de integración social y atención a personas extranjeras. Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 10, señala como obligación de los poderes públicos promover la integración social, económica, laboral y cultural de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. De hecho, la Ley 3/2013 de integración de los inmigrantes en Castilla y León contempla y regula estas colaboraciones.
P. Uno de sus lemas es que los derechos laborales son los mismos “tengas o no papeles”. ¿Cómo asesora el CITE a personas en situación irregular para evitar la explotación laboral en sectores críticos de la región?
R. Para disuadir a las empresas de contratar personas sin permiso de trabajo, el propio Reglamento de Extranjería admite la posibilidad de que una persona extranjera denuncie situaciones de abuso laboral y colabore con las autoridades laborales sin que se vea perjudicada por no tener permiso de trabajo. Es una manera de intentar equilibrar un poco la balanza a favor de la persona trabajadora si se convierte en víctima de explotación laboral. No obstante, se exigen requisitos que no son fáciles de cumplir y no son procedimientos rápidos con lo que, en la práctica, tampoco se hace mucho uso de esta posibilidad. Aún así, nuestra labor como sindicato es informar de las posibilidades y de los derechos a las personas en situación administrativa irregular. Facilitamos el acceso a servicios como la Inspección de Trabajo, a los cuerpos de la Policía Nacional especializados en trata de personas o al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Son servicios que no existen en todos los países o no funcionan de la misma manera.
P. El CITE imparte formación específica sobre el “Esfuerzo de Integración”. ¿Qué importancia tiene este curso y el informe positivo resultante para el éxito de los trámites de extranjería de sus usuarios?
R. Nuestro curso de Esfuerzo de Integración Social se ofrece de manera telemática. Lo empezamos en 2022 porque en el mundo rural era imposible hacerlo y se exige en algunos procedimientos de extranjería. A partir de ahora esperamos un aumento de la demanda de este curso. Será útil para quienes necesiten prorrogar en un año el arraigo extraordinario que están solicitando ahora.
P. Más allá de la regularización, ¿qué tipo de ayuda encuentran las personas migrantes en sus oficinas respecto a la homologación de títulos extranjeros o el acceso a la sanidad y educación?
R. Somos un servicio especializado en ampliar las posibilidades laborales de la población que viene del extranjero con estudios y experiencia previos pero que no sabe cómo hacer valer esas capacidades y conocimientos en España. Como sindicato, conocemos los requisitos de acceso a las profesiones en España (carnés profesionales, pruebas de acreditación, formación en prevención de riesgos laborales, etc.), eso nos permite poder atender a consultas muy específicas de todos los sectores. Sea cual sea el sector, podemos decirte qué se exige, qué empresas hay aquí y qué condiciones laborales ofrecen. Los CITE también tenemos capacidad para tratar de dar respuesta a problemas concretos. Por ejemplo, hemos colaborado con la Federación de Enseñanza y con la Seguridad Social para buscar soluciones para el alumnado de Formación Profesional que tiene que hacer prácticas y no dispone de NIE. O también hemos colaborado con nuestra Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios por dificultades concretas que detectamos en el acceso a los Servicios Sanitarios Públicos.
P. ¿Cómo asisten los centros en el camino hacia la nacionalidad española, especialmente en la preparación de exámenes como el DELE o el CCSE?
R. Estos exámenes tienen un alto coste (85 euros el CCSE y 104 euros el DELE), así que lo que hacemos es organizar “talleres-simulacros” de exámenes. Utilizamos modelos de exámenes reales para que se familiaricen con la prueba y puedan autoevaluarse para saber si están preparados. También informamos de todos los trámites relacionados con la adquisición de nacionalidad.
P. Tras la apertura en localidades como Ponferrada, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Cuéllar, Aranda de Duero o Benavente, ¿cómo perciben que la cercanía física del CITE impacta en la integración real de estas personas en el ámbito rural?
R. Hemos constatado que la falta de servicios gratuitos en los pueblos hace que se acuda más a servicios pagados que pueden ser fraudulentos u ofrecer un mal servicio. Nuestras redes sociales y canales de WhatsApp nos están ayudando a gestionar más eficazmente los días de atención en las localidades y siempre que acudimos tenemos la agenda llena. También estamos tratando de tener alianzas con el tejido asociativo y los servicios de estas zonas para establecer sinergias. Creemos que la cooperación genera estructuras más resilientes.
P. Dado que el nuevo Real Decreto 316/2026 pone el foco en situaciones de especial fragilidad, ¿qué papel juega el CITE en la detección y acreditación de personas migrantes en situación de vulnerabilidad?
R. El proceso extraordinario de regularización ha creado este controvertido concepto de “situación de vulnerabilidad”. Nuestro rol como entidad colaboradora en materia de extranjería ha permitido a Comisiones Obreras emitir los certificados que se exigen en algunos casos.
P. ¿Cuál es el mensaje principal de CCOO para aquellas personas que, a pesar de trabajar y convivir en Castilla y León, aún tienen miedo de acercarse a una oficina para iniciar su proceso de regularización?
R. Les diría que aprovechen este momento para mejorar su situación y ampliar sus oportunidades laborales. Y también que, en España, todas las personas somos fuente de derechos, independientemente de nuestra situación administrativa: los animaría a conocer sus derechos y asociarse para defenderlos desde lo colectivo.
JML
