Con las elecciones autonómicas a pocas horas, hay un tema que ha resonado continuamente en los programas electorales, charlas de campañas y debates en redes sociales: la despoblación y las disputas territoriales entre las provincias de la Comunidad. Los datos son claros: desde la creación de la autonomía la región ha perdido unos 200.000 habitantes, que no parecerían tantos de no haberse dado paralelamente un crecimiento de 12 millones de habitantes en todo el Estado. Los datos cuantifican una realidad que percibimos en nuestro día a día: una tierra que se vacía y una tendencia a la despoblación arrolladora a la que apenas resisten las ciudades medianas de la región.
Esta situación no es, ni mucho menos, igual para todas las provincias. Las tres provincias de la histórica Región Leonesa son de lejos las más afectadas por este declive demográfico. Mientras que la provincia de León ha perdido la friolera de 80.000 habitantes desde el final de la dictadura (más de un 15% del total), más de 90.000 zamoranos han abandonado su provincia en el mismo periodo de tiempo: prácticamente una de cada tres personas.
La clase trabajadora en Castilla y León nos hemos acostumbrado a convivir con esta realidad desoladora: la necesidad de abandonar nuestros hogares para desarrollar nuestro proyecto de vida. El aumento de matriculados en universidades y grados de formación profesional solo esconde de nuevo una incómoda verdad: aunque se pueda retrasar el momento de irse fuera, la falta de oportunidades se impone con los años expulsando a cientos de jóvenes a zonas que concentran más inversiones y tejido productivo. El deterioro, cuando no directamente desaparición, de los servicios públicos en las zonas rurales complican la vida de una población rural cada vez más envejecida.
En este contexto es en el que han surgido narrativas como la de la España vaciada, que tienen éxito porque conectan con experiencias vitales reales como las que acabamos de enumerar. Este descontento generalizado ha conducido a lógicos intentos de articular nuevas fuerzas políticas territoriales que encabecen la lucha contra estos males endémicos. Así, han crecido una serie de proyectos políticos que llevan la denuncia de las desigualdades territoriales por bandera, con el fin de obtener cuotas de poder en las instituciones autonómicas que permitan luchar por un reparto más justo de los recursos entre provincias. La apuesta más destacada es la UPL leonesa, aunque otras como Soria Ya! y X Ávila también cuentan con posibilidades de obtener representación tras las elecciones.
La lógica de fondo de estos partidos es bastante parecida: si nuestras provincias son afectadas por un desarrollo territorial desigual, la manera de impedir o, al menos, contrarrestar esta tendencia debe ser romper con alianzas interterritoriales para competir por recursos e inversiones con las provincias que han salido mejor paradas de este reparto. Valladolid, como la ciudad más grande de la comunidad y aquella que aún consigue resistir al declive demográfico, se convierte así en el chivo expiatorio de todos los males de la comunidad, que bajo este marco de pensamiento parece ser ajena a cualquier otra lógica que no sea la de la usura y egoísmo de los vallisoletanos.
Estas narrativas y sus correlatos políticos son el reflejo indudable de problemas reales de los castellanos y los leoneses, pero en mi opinión tienden a desplazar el foco de las causas reales que subyacen a ellos y a las dinámicas que realmente originan estos conflictos. La realidad es que en las elecciones de Castilla y León no se decide completamente el destino de nuestra región, cuyas cartas en la partida vienen marcadas desde otras instancias, que bien pueden estar en Madrid, Bruselas o el despacho de la multinacional que puede decidir invertir en nuestra tierra. Por supuesto, el partido que gobierne podrá tomar decisiones sobre cómo concretar una u otra medida, pero no podrá ser ajeno a la tendencia general del rearme europeo y el declive industrial.
En el plano económico, se ha hablado mucho de que la Comunidad no recibe inversión, de que está abandonada y maltratada, de que no se la tiene en cuenta. La realidad es que ciertos sectores empresariales han sido y siguen siendo ampliamente subvencionados. La Política Agraria Común, los fondos Next Generation, las ayudas a la industria del automóvil o a las energías renovables muestran que el dinero público fluye de forma constante hacia determinados actores. Incluso las declaraciones más frívolas, como las de grandes empresarios tecnológicos planteando convertir las zonas despobladas de Europa en gigantescos data centers, reflejan bastante bien que este tipo de territorios se piensan desde arriba como soportes materiales, y no como espacios habitados.
Además, estos partidos olvidan frecuentemente poner el foco en la clase social de los más perjudicados por estos desequilibrios territoriales. La juventud se marcha en busca de oportunidades, sí, pero los que se quedan sufren el tener que ganarse la vida en empleos cada vez más precarios enfocados al turismo, o el tratar de independizarse en ciudades en las que los alquileres han subido casi un 30 % en cinco años como Segovia y Valladolid.
En definitiva, la cuestión no es tan simple como un mal reparto entre territorios o un egoísmo de las grandes capitales. Lo que no se está poniendo sobre la mesa es que las decisiones sobre nuestro territorio no están sujetas a la voluntad democrática de la mayoría trabajadora de nuestra tierra, que es la gran afectada por estos desequilibrios territoriales, sino sujetas a los intereses de los grandes inversores y las oportunidades que ellos ven en nuestra región. Los problemas de la España vaciada son reales, pero hay que afinar con diagnosticar sus causas para no darse de bruces contra ellos.
Carlos Arranz, militantes de la Coordinadora Juvenil Socialista.
