En junio de 2026, desde las páginas de este mismo medio, poníamos en valor el papel fundamental que desempeñan los Centros de Información a Trabajadores Extranjeros (CITE) en Valladolid y en el conjunto de Castilla y León: espacios de acogida, orientación laboral y asesoramiento jurídico que han sido durante años la primera puerta a la que acuden miles de personas para regularizar su situación, homologar sus títulos académicos o conseguir un contrato que les permita construir un proyecto de vida con dignidad. Lo que entonces era una puesta en valor de un servicio humano e integrador se ha transformado hoy en una realidad devastadora: la Junta de Castilla y León ha consumado el estrangulamiento financiero de estos centros al dejar caducar la financiación del programa sin atisbo de prórroga.
La decisión de dejar morir los CITE no responde a un descuido administrativo, sino a una postura política deliberada. El marco legal venía respaldado por el Acuerdo del Diálogo Social en materia de empleo 2025-2028 y, en concreto, por la resolución del Programa Integral de Activación del Empleo e Inclusión Laboral, cuya financiación cubría las actuaciones desarrolladas entre el 1 de septiembre y el 30 de agosto. Este programa estaba diseñado con el objetivo expreso de facilitar la regularización administrativa, promover el arraigo socioformativo y agilizar la homologación de titulaciones para conectar la demanda de empleo con las necesidades reales de mano de obra en nuestros pueblos y ciudades. Tras expirar la convocatoria sin que el Ejecutivo autonómico mueva un solo dedo para garantizar su continuidad, los centros se ven abocados a la parálisis y al despido de sus profesionales.
Las consecuencias de este abandono institucional las pagan, como de costumbre, las personas más vulnerables. En un momento de grave colapso en la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) —donde las resoluciones se demoran medio año en lugar de los tres meses fijados por ley— y con serios problemas en el cruce de datos entre administraciones, la desaparición del acompañamiento técnico que prestaban los CITE deja a miles de usuarios en una absoluta intemperie jurídica. Sin ese respaldo para encauzar expedientes o acreditar el esfuerzo de integración, un volumen ingente de vecinos y trabajadoras corre el riesgo directo de caer en la irregularidad sobrevenida al no poder renovar a tiempo sus autorizaciones.
Incumplimiento de la Ley 3/2013 y reparto a conveniencia
Este golpe a los CITE se suma al sistemático incumplimiento de la propia normativa autonómica. Desde que finalizó la prórroga del IV Plan Estratégico de Cohesión Social a finales de 2022, la Junta de Castilla y León mantiene en el cajón el mandato de la Ley 3/2013 de Integración de los Inmigrantes, que obliga a tener en vigor un plan plurianual evaluable. En lugar de articular políticas públicas transparentes e institucionales avaladas por la sociedad civil y los agentes sociales, la Administración regional ha optado por desmantelar los órganos de participación técnica y repartir dinero de manera discrecional entre entidades afines.
Dejar caer los CITE no es solo dar la espalda a la población migrante: es dinamitar la cohesión social y el desarrollo económico de una comunidad que necesita fijar población y cubrir puestos de trabajo. La integración no se proclama en discursos de cara a la galería ni se delega en la beneficencia, sino que se garantiza con recursos públicos, compromiso institucional y respetando los acuerdos firmados. La Junta de Castilla y León tiene la obligación moral y legal de reabrir de inmediato la financiación de este servicio esencial antes de que el quebranto social sea irreversible.
J.M.L.
