Un pequeño pueblo de ciento diecisiete habitantes, Melgar de Abajo, perteneciente a la comarca de Tierra de Campos, es el nuevo escenario del dilema que se plantea con la llegada de grandes plantas industriales de energía renovable a las profundidades de la España vaciada. La percepción que los ciudadanos tienen de este tipo de energía es positiva, pero el impacto a diferentes niveles que deja su aterrizaje allá donde el plano marca un proyecto, a veces genera tensión.
Biorig es la división de gases renovables de Solarig, empresa soriana presente en una docena de países. Hace tiempo que la compañía puso sus ojos en unos terrenos en los que poca gente se había fijado. Para ellos, es una gran oportunidad y una gran apuesta; para la otra parte, la gente del pueblo, su idea (una planta de biometano) no se sostiene ni desde el punto de vista lógico ni medioambiental ni urbanístico.
En febrero de 2025 se constituyó la Plataforma Melgar de Abajo Saludable, formada por gente que proviene del pueblo, que vive en el pueblo, que está empadronada allí o, que de alguna manera, tiene fuertes vínculos con esta minúscula localidad fronteriza entre Valladolid y León. Cansados de no recibir respuesta oficial a sus constantes peticiones por escrito al Ayuntamiento (para recibir información, para concertar reuniones) decidieron enviar una cascada de alegaciones a la Junta de Castilla y León.
En estos documentos de queja los vecinos desgranan sus argumentos: el proyecto se sitúa en terreno calificado como rústico común, incompatible con el uso industrial que se pretende; hay zonas de especial conservación (ZEC) cercanas que se ven afectadas, sobre todo por la pérdida efectiva del hábitat de la fauna que de forma natural está presente en el entorno; y hay viñedos de la Denominación de Origen León a menos de 200 metros de la parcela en la que pretende instalarse la planta.
La diferencia de peso de los dos púgiles (plataforma vecinal y empresa) es notable a todas luces, lo cual hace que el camino sea muy cuesta arriba. “Está siendo difícil porque la primera administración que no está facilitando las cosas es el propio Ayuntamiento de Melgar de Abajo”, señala Enrique Ríos Argüello, portavoz de la Plataforma Melgar de Abajo Saludable, en conversación con Social24Horas. “El día 15 de enero, cinco días antes de que terminara el plazo de alegaciones, la secretaria general, atendiendo a una petición que directamente le hacíamos a ella, nos facilitó copia de un informe de la Diputación de Valladolid (de noviembre de 2024), un informe negativo para la empresa”. Nada se sabe de este informe en la solicitud del proyecto que la empresa ha presentado a la Junta de Castilla y León. Ayuntamiento y empresa han hecho caso omiso de este informe, lo han ignorado.
Es de suponer que el consistorio municipal ve una oportunidad económica en todo esto. “Directamente no nos lo han dicho, pero parece ser que sí, que piensan en algún tipo de beneficio económico que no acertamos a entender”, comenta Ríos Argüello: “El proyecto habla de la creación de nueve puestos de trabajo, algunos de alta cualificación. Por lo que sea, en la zona no hay ese perfil. Otros son de mantenimiento; y temas de mantenimiento, lo sabemos bien, se llevan desde empresas de mantenimiento de ciudades grandes”.
Dando vueltas al dilema del que surge el conflicto, desde la Plataforma Melgar de Abajo Saludable no se cansan de repetir que no están en contra de las energías renovables o del biometano en sí mismo, siempre que la iniciativa tenga algo de lógica. El susodicho biometano es un gas combustible con una elevada concentración de metano que se obtiene a partir del biogás o del syngas, que tienen un contenido en metano por debajo del 70 %. Puede originarse a partir de desechos biológicos, cultivos energéticos, lodos de aguas residuales o residuos orgánicos domésticos e industriales. Existen dos destinos finales: la inyección en la red gasista, mezclado con gas natural para utilizarlo en los sectores calefacción y transporte, o la producción de energía eléctrica.
El pecado original, remarca el portavoz del colectivo, es plantearse, en un poblado de tan escasas dimensiones, “una macroplanta de 198.000 toneladas anuales, cuando la ciudad de Valladolid, en un año entero, genera 110.000 toneladas de basura”. Tampoco tiene ningún sentido, según los vecinos, que no haya tomas de luz y la potencia suficiente para que la planta funcione, “y tengan que hacer una línea de media tensión desde San Pedro de las Dueñas, recorriendo 21 km de distancia a través de cinco seis municipios leoneses y vallisoletanos para darle luz a esta planta”. El gas generado se llevaría luego a una planta que está a casi cincuenta kilómetros, en San Millán de los Caballeros, junto Valencia de Don Juan.
La Denominación de Origen León, la Asociación para el Desarrollo del Viñedo de la Ribera del Cea (AVICEA), la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, Melgarajo, Ecologistas en Acción y la Asociación de Turismo Ruta del Vino de León han sido otros de los colectivos que han presentado alegaciones.
El futuro, para la Plataforma Melgar de Abajo Saludable, con el periodo de alegaciones ya cerrado, solo tiene una dirección: vigilar con máxima atención el transcurso del proceso. Si la empresa recibiera algún requerimiento de la Junta de Castilla y León para subsanar algún posible defecto, los vecinos aprovecharían la oportunidad para presentar nuevas alegaciones sobre las irregularidades detectadas. El objetivo final es que la Junta de Castilla y León comprenda sus demandas, deniegue la autorización de la planta y archive el expediente. Hasta que ese momento no llegue, seguirá la lucha allá donde acaba Tierra de Campos.
Víctor David López
