La crisis no ha llegado por arte de magia: son lustros de dudas, mala gestión, huelgas en algunos de sus centros, adquisiciones y reestructuraciones de deuda. Valladolid parecía que se salvaba de la quema, sin embargo, Bimbo ha anunciado la decisión de cerrar su planta en la capital pucelana, la antigua Panrico, tras medio siglo de actividad.
La empresa pone como excusa “la necesidad de concentrar la fabricación de determinados productos, para adecuar la demanda a los territorios en los que operan y generar eficiencias logísticas”. Félix Fernández, presidente del comité de empresa, a lo sucedido lo denomina “hachazo”. Ahora mismo, según él, “no hay otra posibilidad que luchar” por evitarlo.
Asimismo, Fernández ha señalado que no esperaban esta decisión por parte de la compañía: “Estábamos bien en productividad y en la escala nacional de centros de trabajo, estábamos en el ranking. No había una causa objetiva que podamos exponer”.
Comisiones Obreras (CCOO), como sindicato mayoritario del comité de empresa de Bimbo (cinco delegados de CCOO y cuatro de la Unión General de Trabajadores -UGT-), ha manifestado que la reciente reunión con la consejera de Industria y Empleo, Leticia García; con representantes de las consejerías de Economía y Agricultura, y con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, es una manera de “empezar a batallar”. El sindicato apuesta por la viabilidad de la planta. Uno de los principales argumentos es que la fábrica de Valladolid es donde la empresa consigue una producción a menor coste porque cuenta con los salarios más bajos de España.
El próximo 25 de septiembre se formará la comisión negociadora, y, a partir de ese momento, habrá un mínimo de 30 días de periodo de consultas sobre el expediente de regulación de empleo (ERE). Veinticuatro horas antes las trabajadoras y trabajadores de Bimbo se concentrarán frente a las Cortes de Castilla y León para reclamar sus derechos.
La Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono de San Cristóbal también se ha movilizado ante lo sucedido. Ha solicitado, a través de un comunicado, que todas las administraciones públicas trabajen unidas para frenar esta herida que afecta de lleno a más de doscientas familias (166 trabajadores en la fábrica y más de 40 de empleos indirectos).
